Tutta politica la vicenda di Telecom Argentina. La Argentina no se desmiente.

In sintesi, si fa fuori Telecom Italia, si apre le porte a degli “imprenditori” amici del governo, si cambia la legge per consentire agli operatori TLC di fare TV via cavo (finora proibito).

Voila’.

La nueva ley de medios abre el juego a los amigos.

Vale la pena recordar que la prohibición vigente data de cuando Telecom y Telefónica comenzaron a actuar en la Argentina. Este punto figura en el pliego de licitación de la ex Entel: en el precio que las corporaciones pagaron por apropiarse del servicio telefónico, estaba incluida la limitación de no participar en el negocio de la televisión por cable durante 99 años.

Ahora, graciosa y gratuitamente, el gobierno kirchnerista les ofrece este negocio multimillonario por nada. Con lo cual, están superando a Menem y a María Julia en términos de entreguismo neoliberal. Y esto sí que es mucho decir. En febrero de este año, en Madrid, el presidente de Telefónica, César Alierta, junto al ministro Julio De Vido -que, al parecer, no hizo ninguna aclaración a pesar de la prohibición vigente- dio a conocer el plan de inversiones de 1.700 millones de pesos para este año, que incluía el desarrollo de la infraestructura para la implementación del triple play.

Es oportuno aclarar que las supuestas limitaciones que el proyecto
impone al capital extranjero son completamente eludibles. Puesto que
los propios artículos 23 y 24 que las expresan aclaran que: “La
participación mayoritaria de capital de origen extranjero se permitirá
a condición de que existan Tratados Internacionales en los que la
Nación sea parte (…)”.

…La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia le dio a la empresa
Telecom Italia 60 días para vender su participación en la Telecom
local. La estrategia oficial sería que la Secretaría de Comercio
designe a un “desmonopolizador”, que fijará los pasos del procedimiento
y, de modo indirecto, el precio de venta.

El caso es que un
grupo muy poderoso está esperando quedarse con la empresa. Lo integran
empresarios amigos del actual Gobierno y ligados al negocio de los
aeropuertos. De hacerlo, podrán operar irrestrictamente en la
televisión por cable.

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